Home

El sistema democrático de este país consiste en que cada cuatro años podemos introducir un voto y elegir un partido que a su vez designará a nuestros representantes durante cuatro años. Y en ese período de tiempo, legislará según su criterio y voluntad siguiendo o no el programa que sometió a votación, y sólo se consultarán a los partidos de la oposición en caso de no disponer mayoría absoluta, y en ningún caso a la ciudadanía. Ni tan siquiera para aquellos aspectos fuera de programa. Pero viniendo de tantos años de dictadura y represión, el hecho de poder meter un voto en una urna cada cuatro años nos parece democracia. Y es que la democracia es un concepto relativo. Porque si en lugar de compararla con una dictadura lo hacemos con la democracia que se ejerce en otros países Europeos, especialmente en Suiza, quizás nos llevaríamos las manos a la cabeza.

En España tenemos un modelo de democracia representativa. Todas las decisiones quedan delegadas en los partidos electos (y digo partidos y no representantes, puesto que con un sistema de listas cerradas no creo que sea exacto decir que votamos a nuestros representantes). Excepcionalmente hay dos mecanismos de democracia directa, es decir, que los ciudadanos decidan acerca de un asunto puntual. Son el referéndum y las iniciativas legislativas populares. Quien lleve votando unos cuantos años sabrá el poco uso que se les da.

Pero aunque le hayamos cedido todo el poder a un partido durante cuatro años, y hayamos puesto en sus manos nuestra representación, lo que caracteriza a un país con libertades democráticas es que, si en un momento dado no estamos de acuerdo con aquello que el gobierno electo hace, tenemos la posibilidad de salir a la calle y manifestarnos. Se le hará caso o no, pero al menos tenemos derecho a decirlo.

Sin embargo, en estos días, el gobierno electo -con mayoría absoluta para ejercer el absolutismo- parece tener problemas con la crítica a su gestión. Y prepara una ley que ahogue un poco las voces discordantes. (Que nos se vean los mendigos, ni la basura, ni los músicos, ni tampoco a los que protestan, al más puro estilo de lo que no se ve no existe).

Multas ejemplares (de hasta 600.000 euros) a quienes increpen la labor de los políticos a las puertas de sus domicilios. Y también a quienes se manifiesten frente al Congreso, Senado y otros organismos públicos sin consentimiento. Multas ejemplares para quienes fotografíen o graben a la policía antidisturbios, a quienes no se puede identificar porque llevan oculto su número de placa. Multas ejemplares para quienes se manifiesten con máscaras o caras encubiertas.

En un país donde varias decenas de ciudadanos han perdido un ojo por una pelota de goma, el problema son los insultos a los policías. En un momento en el que los antidisturbios incumplen reiteradamente la ley al esconder su identificación para poder actuar con impunidad, lo intolerable son los manifestantes encapuchados. En un Estado donde las torturas y abusos policiales acaban por sistema en un indulto, lo prioritario es encarcelar a quien lance una tarta. Y así, hasta la saciedad.

Con la excusa de proteger a los ciudadanos del vandalismo de unos pocos van a recortar el derecho constitucional de la manifestación, Rajoy argumentaba que “las manifestaciones deberían ser con autorizaciones previas”. “Sería un poco extraño un país en el que todo el mundo pudiera manifestarse sin avisar “. Sin embargo, en el artículo 21 de esta sacrosanta constitución que nuestro absolutista partido electo ama y defiende a capa y espada, dice que “el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. La Carta Magna también dice que las manifestaciones se comunicarán previamente a las autoridades, “que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. Está claro que una cosa es ejercer un derecho y otra, situaciones excepcionales que el Gobierno debe justificar si cree que existe peligro para las personas. 

Por otra parte, también preparan una ley para regular el derecho de huelga, parece ser que a raíz de la organizada por el conflicto de basuras, que terminó con la claudicación en materia de despidos por parte de las empresas. El artículo 28.2 de la Constitución habla de que la ley que regule el ejercicio de huelga establecerá las garantías para mantener “los servicios esenciales de la comunidad”. Es decir, la ley podría ser de servicios esenciales a la comunidad, no de servicios mínimos, tal como existe en Francia o Italia. “No todo es esencial, los servicios que lo son se consideran indispensables. Dentro de esos servicios se fijan unos mínimos para garantizar que no se vulneren otros derechos fundamentales, y es la autoridad gubernativa la que ya tiene la potestad de fijarlos, no se deja al albur de los sindicatos”,  explica el catedrático de Derecho del Trabajo Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Y mientras tanto escuchamos noticias como la de la inspectora de hacienda cesada por la dirección (cargo político) de manera fulminante, casualmente tras haber rechazado un recurso de la cementera CEMEX, que pretendía evitar una sanción multimillonaria por irregularidades en su tributación, descubiertas a raíz de una inspección de us IVA e IRPF entre 2006 y  2009. Y casualmente también, esta cementera había anunciado hace apenas dos meses que iba a convertir España en su sede europea de exportaciones.

No hace falta mirar muy atrás, basta con ver lo que ocurre en los últimos días para apreciar un talante de gobierno más cercano al despotismo ilustrado que al democrático.

Y sin embargo se nos llena la boca de democracia. Y también a nuestro gobierno, que cada ley que promulga dice ser en nombre del estado de derecho o de un estado democrático. Dicen que es democracia, pero no lo es. No para mí. Porque a mí comparar con el pasado me parece mediocre. Habrá que compararse con quienes lo hacen mejor, no con quienes lo hacen peor. Sin embargo, parece que en nombre de la seguridad, cada vez nos vamos acercando más a una falta de libertades y a ese miedo de que hablaban nuestros padres, los que corrían delante de los grises. Conformarnos con una democracia representativa, cuando podría ser directa para así poner límites a los gobiernos con un poder absoluto debería ser una prioridad. El gobierno sometido al control de la ciudadanía, trabajando por y para ella.

Y no al revés. 

Anuncios

3 pensamientos en “Lo llaman democracia y no lo es

  1. Y sin embargo tenemos lo que nos merecemos, porque, si cuando vuelva a haber elecciones vuelven a ganar será porque todo esto y mucho más es lo que quiere la gente, supongo vaya,

    • Yo por eso no me voy a cansar de decir que podemos aspirar a algo mejor. Quién sabe… quizás algún día lo merezcamos a fuerza de creer que es posible. Y actuar como si fuera posible.

  2. Es que esta gentuza incapaz (habría que ver cómo se las apañarían la mayoría de ellos en una empresa privada seria sin su agenda llena de contactos políticos, influencias y baboseo) piensa que este país está poblado por un rebaño de borregos asustados e ignorantes dispuestos a aceptar su pastoreo, y de lo que se están dando cuenta es que no lo aguantamos todo, que estamos todos hasta los cojones de ellos (salvo sus acólitos irreductibles), y se han propuesto proteger su posición de la única forma que conocen amparados en su mayoría absoluta (yo aún me pregunto cómo es posible que tanta gente se haya dejado engañar), intentando callar a la gente a base de medidas autoritarias, más propias de esos regímenes que tanto detestan y a los que tantas armas venden. Y lo que más me extraña aún es que después de siete años tragando y purgando las culpas de nuestros políticos corruptos y banqueros delincuentes, todavía no hayamos reventado de verdad.

Los comentarios están cerrados.